El pasado 2 de febrero se aprobó mediante un inesperado pacto de estado entre los dos principales (al menos por el momento) partidos políticos del estado español, una nueva normativa antiterrorista. En principio, parece que su finalidad es la lucha contra el reciente terrorismo islámico. A continuación, explicamos por qué nos parece una cortina de humo para esconder otro tipo de política represora y restrictiva de derechos, muy en la linea de otros cambios recientes como la reforma laboral y la ley mordaza.
El texto se compone de ocho puntos orientados a la persecución del terrorismo yihadista. Sin embargo, su redacción de tan ambigua que daría cabida a la persecución de otro tipo de comportamientos muy alejados de la intención inicial. Se define el terrorismo como cualquier comportamiento que provoque el terror en la sociedad, una formulación tan subjetiva que podría "estirarse" como un chicle a interés del gobierno español de turno, una definición que podría aplicarse para castigar la protesta ciudadana con penas mucho más duras. Pues, ¿quién nos garantiza que no van a entender que la ocupación temporal de una sede bancaria con objeto reivindicativo o la organización espontánea de una concentración es un acto de terror? Esto no es mas que el colofón de la escalada represiva a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos, en un intento desesperado por erradicar la protesta incómoda y la reivindicación en las calles.
Aunque en el texto del acuerdo no se recoge expresamente, el pacto asume la próxima y severa modificación del Código Penal que se está cocinando, una reforma tan innecesaria como escandalosa, en la que se recoge la incorporación de la cadena perpetua al ordenamiento jurídico español bajo el eufemismo de "pena de prisión permanente revisable". Una prisión indefinida al más puro estilo yanqui avalada e impulsada, precisamente, por aquellos que tienen la Constitución española cada día en la boca y que contradice esta norma superior de manera flagrante. Según el artículo 25 de la Constitución española, las penas privativas de la libertad estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Difícil vemos cómo puede reinsertarse en la sociedad alguien condenado de por vida.
Con cada nueva reforma de las leyes penales, se está avanzando hacia un Derecho Penal más duro, menos orientado a los principios informadores aceptados en la norma suprema española y en todos los Estados de nuestro entorno, de los que nos separamos cada vez más en este ámbito. Poco nos falta para que nos vendan las ventajas de los trabajos forzados en el ámbito penitenciario o, incluso, de la pena de muerte.
El Partido Socialista nos quiere hacer creer que, una vez firmado el pacto, derogarán la cadena perpetua si entran a gobernar. Tiran la piedra y luego prometen pagar los cristales rotos. Escaso consuelo para quienes ya hayan sido condenados a una pena semejante. Ni siquiera puede decirse que sea una pena disuasoria, pues para muchos expertos, quien sabe que su comportamiento va a granjearle la pena máxima, carece de motivos para moderar su comportamiento, "va a por todas" extremando su violencia más allá de lo que hubiera previsto. Además, no se han parado a valorar que para un activista de tipo religioso que está dispuesto a inmolarse, la existencia de una pena indefinida no supondrá amenaza alguna. La cadena perpetua no va a librarnos del terror, simplemente se va a convertir en una forma más de terror estatal.
Aunque en el texto del acuerdo no se recoge expresamente, el pacto asume la próxima y severa modificación del Código Penal que se está cocinando, una reforma tan innecesaria como escandalosa, en la que se recoge la incorporación de la cadena perpetua al ordenamiento jurídico español bajo el eufemismo de "pena de prisión permanente revisable". Una prisión indefinida al más puro estilo yanqui avalada e impulsada, precisamente, por aquellos que tienen la Constitución española cada día en la boca y que contradice esta norma superior de manera flagrante. Según el artículo 25 de la Constitución española, las penas privativas de la libertad estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Difícil vemos cómo puede reinsertarse en la sociedad alguien condenado de por vida.
Con cada nueva reforma de las leyes penales, se está avanzando hacia un Derecho Penal más duro, menos orientado a los principios informadores aceptados en la norma suprema española y en todos los Estados de nuestro entorno, de los que nos separamos cada vez más en este ámbito. Poco nos falta para que nos vendan las ventajas de los trabajos forzados en el ámbito penitenciario o, incluso, de la pena de muerte.
El Partido Socialista nos quiere hacer creer que, una vez firmado el pacto, derogarán la cadena perpetua si entran a gobernar. Tiran la piedra y luego prometen pagar los cristales rotos. Escaso consuelo para quienes ya hayan sido condenados a una pena semejante. Ni siquiera puede decirse que sea una pena disuasoria, pues para muchos expertos, quien sabe que su comportamiento va a granjearle la pena máxima, carece de motivos para moderar su comportamiento, "va a por todas" extremando su violencia más allá de lo que hubiera previsto. Además, no se han parado a valorar que para un activista de tipo religioso que está dispuesto a inmolarse, la existencia de una pena indefinida no supondrá amenaza alguna. La cadena perpetua no va a librarnos del terror, simplemente se va a convertir en una forma más de terror estatal.
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