viernes, 13 de diciembre de 2013

EL PP PRESENTA UNA ENMIENDA UNILATERAL EN EL SENADO Y ELIMINA EL PAGO DE LOS 8 DIAS POR EL FOGASA PARA EMPRESAS DE MENOS DE 25 TRABAJADORES. LA REFORMA LABORAL CABALGA DE NUEVO ESTA VEZ SIN LUZ NI TAQUIGRAFOS.




Ya tenemos al Partido Popular volviendo hacer de las suyas. Esta vez ha aprovechado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en su tramite de estudio en el Senado, para modificar el Estatuto de los Trabajadores de forma unilateral, sin ningún tipo de negociación previa. 

La reforma efectuada sin luz ni taquígrafo, ha eliminado del artículo 33 el punto octavo que garantizaba el pago directo por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de parte de la indemnización (8 días) en los despidos por causas objetivas en las empresas de menos de 25 trabajadores.  Es decir, en lo que afecta a nuestro País, con un tejido empresarial donde el 90% de las empresas son de menos de 25 trabajadores y trabajadoras esta decisión elimina la posibilidad de cobro real de esos 8 días que "garantizaba el estado" y que ahora deberá de afrontar directamente el empresario desde el 1 de enero por tiempo indefinido.

Hasta ahora, según la normativa laboral vigente, corresponde al empresario el pago de los 12 días restantes, pero a partir de enero deberá asumir el total de la indemnización. 

En que se basa el PP para justificar esta medida?

El PP justifica su enmienda en la necesidad de recuperar para el Fogasa su naturaleza de entidad de aseguramiento, limitando su intervención a los supuestos de insolvencia o concurso, con el objetivo de desincentivar el despido y fomentar el mantenimiento del empleo.

Ojo! desde su aprobación, somos muchas las organizaciones que hemos denunciado esta formula de incentivación al despido por parte de los propios poderes públicos.  En numerosas ocasiones nuestros Servicios Jurídicos han notificado este hecho a la Inspección de Trabajo, a los Juzgados y a la propia Admon. que han vuelto la cara para mirar a otro lado. 

Con esta nueva medida se crea una inseguridad jurídica grave, dado que mientras los PGE no sean ratificados por el Congreso de los Diputados, miles de exptes. permanecerán en un limbo jurídico. 


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